30 enero, 2018

#LeyDeSeguridadInterior ¿A quién protege?

Miguel Cervantes

En el artículo 2º de la ley queda claro que la intención no es garantizar la vida pública ni Derechos Humanos de los mexicanos. De lo que se trata es de “salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional”.

La elección presidencial del 2018 augura ser áspera, sin embargo, no considero que el objetivo de fondo en la Ley de Seguridad Interior sea la búsqueda del fraude con ayuda de la bota militar.

El apoyo del ejército es crucial para cualquier Estado. La coyuntura electoral apertura a la milicia la posibilidad de exigir la necesidad legal que ha requerido en su accionar durante los últimos 10 años.

Se busca proteger elementos del ejército de un eventual juicio ante la Corte Penal Internacional. Se trata de la elaboración de una ley con la intención de nunca usarla formalmente.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como actos que sean parte de “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, cometidos tanto por fuerzas gubernamentales, así como por grupos armados organizados.

El artículo 3º de la Convención, referente a conflictos no internacionales, abre la posibilidad de Invocar el derecho internacional humanitario. Pero el principal problema es que tiene que ser el gobierno quien haga una declaratoria de manera formal.

El presidente puede usar a discreción al ejército bajo criterios de “Seguridad Interior” para “restablecer el orden”, pero el asunto no es tan fácil. Con una Declaratoria formal el Estado Mexicano inmediatamente entraría en otro marco regulatorio internacional sobre el uso de la fuerza y el ejército.

La Declaratoria es indispensable porque reconoce un problema y se responsabiliza del mismo. El asunto es el factor político, pues llevamos 10 años sin que el gobierno, en sus tres niveles, reconozca y asuma responsabilidades civiles en seguridad pública.

Por lo tanto reconocer formalmente una zona de conflicto e invocar la ley de seguridad Interior, necesariamente activarían los criterios internacionales contemplados en la Convención de Ginebra.

Lo que abre la posibilidad de invocar el derecho internacional humanitario y declarar como crímenes de guerra actos cometidos por el ejército.

El artículo 4º de la Ley de Seguridad Interior define al presidente como único capacitado para declarar una amenaza. Sin embargo, la declaratoria es muy improbable que suceda debido al costo político que representa, además de la posibilidad de regular al ejército bajo estándares internacionales.

Ambigüedad peligrosamente deliberada

Como vemos, la declaratoria es el instrumento que legaliza el actuar del ejército, sin embargo, en el artículo 6 también se contemplan acciones para prevenir o atender riesgos identificados sin la necesidad de la misma.

Lo que se complementa con el artículo 26 , donde la ley le otorga facultades a las fuerzas armadas para auto gobernarse en acciones que no requieren declaratoria, además de deslindar la rendición cuentas al ejecutivo.

En otras palabras: actuar bajo criterio militar sin regulación alguna. Se busca legalizar y perpetuar el actuar ilegal del ejército. Es un seguro de vida que el cuerpo político ha elaborado para otorgar certeza legal a militares, y de paso a ellos mismos.

Bajo una lógica mafiosa se elabora la ley, a fin de evitar vacios legales, que exponga a las fuerzas bélicas del Estado.

Además de posibilitar la represión como medida de seguridad pública, se borran los candados civiles y judiciales que regulan el actuar del ejército, y la marginación de los criterios en la Convención de Ginebra.

Si consideramos que ni los militares quieren hacer labores de policía. Seria irrebatible que el ejército exija la protección legal que necesita a un sistema político corrupto que lo ha utilizado con fines políticos.

¿Qué hacer?

El crimen organizado es un negocio muy lucrativo tal como está y no solamente para los capos. Estudios auspiciados por Naciones Unidas señalan el tripié sobre la que se sostienen las organizaciones delictivas: violencia, corrupción y obstrucción a la justicia:

“Las organizaciones criminales recurren a la violencia como medio para establecer control sobre sus propios miembros, competidores y mercados. Estas organizaciones utilizan la corrupción para desarrollar su trabajo delictivo mediante pagos a funcionarios encargados de vigilarlos; logrando contratos de obra pública o controlando los mercados de productos. Por otra parte, corrompen a jueces, fiscales o policías para obtener información previa de acciones de la policía. También buscan evitar la aplicación de la justicia a través de la amenaza y el terror a la compra de testigos, peritos, víctimas y autoridades.”[1]

El estudio señala la correspondencia que existe entre sectores públicos y delincuencia organizada presente en todas las regiones del planeta. México bien podría ser la síntesis que la amenaza de la corrupción representa a nivel global.

Bajo esa lectura los números no son casualidad: se cierra el año 2017 con 80 asesinatos por día, además, la impunidad en asesinatos de periodistas en México es de un alarmante 90% de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

México atraviesa una crisis humanitaria internacional no declarada con cifras espantosas: 150 mil muertes, 30 mil desaparecidos, 126 periodistas asesinados y miles de personas desplazadas[2] por la violencia desde la llegada de Felipe Calderón.

La ley de Seguridad Interior lo que busca es certeza jurídica y perpetuar el negocio político-criminal en el que vivimos. El mantenimiento del régimen tal como esta.

Una estrategia seria y responsable tendría necesariamente que contemplar, como mínimo, los 30 Derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y abordar al narcotráfico como problema de salud, no seguridad.

Es tiempo de responsabilizarnos de la tragedia y aceptar que el sistema político mexicano no se limpiará solo. La experiencia colombiana e italiana son muestras de ello.

En ambas experiencias fue la sociedad civil organizada la responsable de la presión política, desde abajo y con acciones civiles autónomas, al sistema político para la conformación legal y permanente de comisiones dedicadas a la asistencia de víctimas y afectados por la mafia italiana.

La Red de organizaciones sociales como la Italiana (Libera) y Comisiones de Verdad, como las promovidas en Colombia, serían muestras de experiencias exitosas internacionalmente.

En ambas experiencias, la coordinación entre sociedad civil autónoma y la intervención de Organismos Internacionales, fue lo que posibilitó liberar al sistema político de su característica criminal.

La elaboración de esta ley es botón de muestra del funcionamiento estructural mafioso del gobierno. Está claro que la solución no vendrá de ahí, nadie jamás se dispara al pie intencionalmente. Por el momento a la Suprema Corte le toca decidir, pero defender la vida de los que quedan y la dignidad de los que se fueron, depende de nosotros.

[1]“Dirigido por Jan Van Dijk, y realizado por Mark Shaw con el soporte de Aurélie Merle” http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_20080612_03.pdf

Archivo Consideraciones. Ley de Seguridad Interior.

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