25 febrero, 2017

Golpismo interno: una amenaza latente

“Fuimos crueles, nadie lo dude, pero no sádicos”

Jorge Rafael Videla

El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas de Argentina llevaron a cabo un golpe de Estado que instauró una dictadura cívico-militar y que a su vez inició uno de los capítulos más oscuros en la historia de aquel país. Para entonces Argentina se mantenía incólume a las dictaduras que ya habían invadido gran parte de la región; el ferviente anticomunismo profesado por esos regímenes autoritarios y EE UU –su operador internacional—que se valió de acciones como la inteligencia y la contrainsurgencia para encabezar una defensa frente al comunismo, prueba de esto fue la Operación Cóndor que ayudó a la desestabilización de gobiernos pro socialistas y que logró la instauración de dictaduras militares.

Durante la madrugada del día 24, María Estela Martínez Perón (Presidenta Constitucional) fue detenida y trasladada a la localidad de Neuquén, subsecuentemente los militares desplegaron su emporio logístico y se hicieron de lugares como Palacio Nacional y  Plaza de Mayo, sin olvidar la toma de los medios de comunicación; que en un primer comunicado, la junta militar informaba: el país pasaba a encontrarse “bajo el control operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas”, de esta manera, la cúpula militar integrada por los militares: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Messera y Orlando Ramón  Agosti, asumieron el control del país. No sin antes bautizar al nuevo régimen con el nombre de: Proceso de Reorganización Nacional.

Resulta superfluo intentar explicar los crímenes cometidos no sólo por la dictadura argentina sino también por los demás países que sufrieron los embates de la censura, tortura, persecución y la desaparición forzada, habría también que estudiar a detalle las operaciones realizadas mediante aparatos de inteligencia gubernamental, logrando explicar el origen de la mayoría de las policías políticas en Latinoamérica y su actuar en los movimientos sociales que protagonizaron miles de sectores  sociales durante la media centuria del siglo pasado; si tan solo nos remitimos a nuestro país podremos observar  la capacidad de operación que tenía   la temida DFS (Dirección Federal de Seguridad) o bien las decenas de Brigadas Blancas que actuaban a diestra y siniestra al interior de la república (particularmente en el medio rural). Sin lugar a dudas la intervención de agentes castrenses en la vida política, económica y social de un país se convierte en un terremoto que destruye todo a su paso y que a su vez marca para siempre la historia de la nación.

Ahora bien, ¿qué pasaría si un golpe de estado es avalado por las leyes? ¿Sería un golpismo orquestado por mandatarios civiles? O ¿dejaría de ser una intentona militar y se convertiría en una reconfiguración nacional? Esta clase de interrogantes me surgieron hace ya varios meses, aproximadamente en noviembre pasado, cuando me encontré con un artículo del investigador John M. Ackerman titulado: Golpe de Estado Silencioso. El articulo versa en torno al riesgo inminente en el que se encuentra el Estado mexicano de concretarse la aprobación de la ley de seguridad interior misma que avala el actuar del ejército mexicano en las operaciones de seguridad pública del país, que en palabras de Ackerman lo describe de la siguiente manera: La intromisión de las fuerzas militares en la vida política y social del país ha llegado a extremos intolerables que ponen en riesgo tanto la institucionalidad democrática como la soberanía nacional. Hoy atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la militarización rampante, Los Pinos, pronto podría ser ocupado por un general.

En las últimas semanas los principales diarios del país se han dedicado a dar cobertura al proceso de militarización que el régimen actual trata de instaurar; entre las distintas notas que me dediqué a leer pude apreciar dos factores interesantes, la mayoría menciona la presión ejercida por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional hacia los representantes de los máximos órganos legislativos, para la rápida aprobación de la iniciativa de ley y la guerra sin cuartel emprendida en el sexenio calderonista que como todos sabemos arrojó consecuencias fatales. Retomando a Ackerman el principal riesgo al que nos enfrentamos con la militarización es la violación de las garantías individuales y los derechos humanos, pero también se encontraría en riesgo nuestra soberanía pues el allanamiento militar en el gobierno se convertiría en caldo de cultivo para una mejor intervención extranjera–no hace falta mencionar quien sería la principal amenaza— acciones fallidas de un gobierno que se cae a pedazos.

Más allá de un golpe de estado lo que en realidad tenemos frente a nosotros es una reconfiguración política subrepticia, un cambio encabezado por el jefe del ejecutivo, mismo que pretende entregar la estafeta de mando al ejército en sus últimos y resquebrajados años de gobierno, una acción que evidencia a toda costa el poder inconmensurable que el ejército amasó en los últimos años. Tan solo habrá que hacer un recuento de los hechos violentos en los que el ejército se ha visto inmerso, desde la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato hasta las diversas acusaciones de violación a los derechos humanos que han sido señalados de forma constante por la CNDH y decenas de organizaciones civiles, en suma, un ejército que se ha caracterizado por salir impune de todas y cada una de las operaciones criminales que ha cometido; permitir que su estancia en las calles se legalice se convertiría en la sentencia de muerte del actual sexenio que al igual que el pasado dio cuenta de una guerra sin cuartel, una falta de gobernabilidad  y una crisis incontrolable.

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